Hace
unos días, a través de los medios de comunicación, supimos que los fondos
destinados a promover la exhumación de víctimas de la guerra civil, amparados
en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, han desaparecido del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
La
pereza intelectual nos podría inducir a pensar que si no hay dinero para
problemas más acuciantes, no debiera preocuparnos que no haya dinero para este
asunto. No obstante, la elaboración de unos presupuestos públicos es una
decisión profunda y singularmente política, puesto que se decide la aplicación
de fondos limitados y escasos a paliar o solucionar problemas presentes en la
agenda política. Dedicar cero euros a tratar de restañar heridas morales que
viene arrastrando nuestra sociedad desde hace décadas es hacer un flaquísimo favor
a nuestra democracia. El Estado no sólo ha hecho dejación de funciones cuando
aprobó la Ley 52/2007, puesto que debería
impulsar y llevar a cabo las campañas de exhumaciones, sino que también
ahora deja de financiar esas mismas campañas que se ven obligadas a promover
muchas Asociaciones que trabajan en este campo o agrupaciones de familiares
creadas al efecto.
Desde
la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera denunciamos
enérgicamente que el Gobierno de España no dedique ni un sólo euro a la
recuperación de restos de represaliados por el franquismo. Dejar de lado a las
víctimas del franquismo es una nueva injusticia que se viene a sumar a un largo
memorial de injusticias que se retrotraen al mismo final de la guerra civil.
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